El ingreso a trámite legislativo de un proyecto de ley para despenalizar el aborto terapéutico sigue causando repercusiones en diversos sectores de la sociedad. Y la comunidad científica también ha querido formar parte de la discusión.
Las opiniones de estos especialistas surgieron en la primera de varias instancias de debate convocada por la Comisión de Salud del Senado y la Cámara de Diputados, bajo el título “Interrupción del embarazo en Chile”. En la ocasión se discutió principalmente en torno a la despenalización del aborto terapéutico bajo las tres causales que propone el proyecto: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto, y agresión sexual.
Sobre el primer punto, el Dr. Enrique Paris, Presidente del Colegio Médico de Chile, reconoce que dentro de los colegiados existen distintas visiones sobre este asunto. Pero asegura que frente a un acontecimiento riesgoso para la madre y el niño “el médico debe tratar de preservar ambas vidas. En ese intento puede fallecer uno de ellos, pero es un tratamiento médico que conduce a salvar la vida de la madre y eso no se considera un aborto”.
La actual penalización de esta práctica ha provocado un debilitamiento en la relación médico-paciente, un factor que para los profesionales de la salud es bastante delicado. Ya que las mujeres prefieren no concurrir hasta los centros asistenciales de salud por temor a ser denunciadas por quienes las atenderán, y se produce un clima de desconfianza. “Por lo tanto aceptamos que se despenalice esta práctica, porque estando penalizado este acto, obliga al médico a denunciar a la madre, obliga a que los tribunales actúen y eso va en detrimento del médico y de la paciente”, manifestó el Dr. Paris.
Esta consideración es compartida por Anita Román, Pdta. Del Colegio de Matronas de Chile: “No pueden obligarnos a que la población no confíe en nosotros”, menciona, ya que por evitar la denuncia de un profesional de la salud miles de mujeres optan por interrumpir su embarazo en condiciones inhumanas, arriesgándose a perder la vida, a ser mutiladas. “Me parece de una patudez máxima que le digan que tenga cuidado porque si va a los servicios públicos puede ir a la cárcel”, agrega la matrona del Hospital Luis Tisné.
La interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, no solo abre la discusión por la defensa sus derechos sexuales y reproductivos, sino también sobre sus derechos como ser humano. Cada vez que se decide mejorar la calidad de vida de la madre, o salvar su vida “lo que se hace es un juicio valórico, y se ponen en valor de los derechos de la persona por sobre el feto”, asegura el Dr. Fernando Zegers, médico ginecólogo y especialista en medicina reproductiva de la Universidad de Chile.
Para el Dr. Zegers, Director del Programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la UDP, si se despenaliza esta práctica debe ser mediante un procedimiento seguro, eficiente y garantizado por el Estado “es el Estado el que se debe obligar a proveerles en equidad, en igualdad, servicios que sean seguros, eficientes y que provean a la mujer de acompañamiento porque el drama del aborto es igual drama, quiéralo uno o no, de acuerdo al nivel socioeconómico que tiene”.
La segunda indicación del proyecto de ley que tiene relación con la inviabilidad del feto también es aceptable para el Dr. Paris, puesto que el feto puede acentuar una patología en la mujer, entonces “el médico debe intervenir para interrumpir el embarazo, ya que producto de la concepción es un ser que no es viable y ahí no se produce el fin de la reproducción”. Sin embargo, es enfático en señalar que ante todo debe respetarse la voluntad de la mujer, incluso si desea continuar con el embarazo.
Mientras que para el médico ginecólogo Dr. Jorge Becker, experto en medicina fetal de la Universidad de Barcelona, la inviabilidad del feto es una condición poco restrictiva por lo cual es necesario precisar. Asegura que en países donde este principio es efectivo, un 98% de niños con Síndrome de Down son abortados. “La malformación psíquica es cualquier circunstancia que los padres consideren que va a afectar psicológicamente a su hijo, que implique un daño neurológico, o un problema cognitivo”, explica el médico del Hospital de Talca.
En relación a la última causal que permite despenalizar la interrupción del embarazo cuando éste es producto de una violación, el Colegio Médico de Chile no tiene una postura definida, puesto que no han llegado a un consenso entre los colegiados.
Sin embrago, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló a mediados del 2014 que “el Estado debe establecer excepciones a la prohibición general del aborto, contemplando el aborto terapéutico y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto”.
Por su condición de clandestinidad no existen cifras oficiales que reflejen la cantidad de abortos realizados en Chile, pero se estima que son unos 60 o 70 mil abortos al año.
El proyecto de ley busca establecer una nueva distinción entre mujeres menores de 18 años. Quienes sean menores de 14 años deberán expresar su voluntad de interrumpir el embarazo, junto con entregar una autorización de su representante legal, y si no cuenta con uno podrá solicitar la autorización por parte de un Tribunal de Familia competente. En caso de ser mayores de 14 y menores de 18 años, podrán manifestar la voluntad de interrumpir su embarazo de manera autónoma, aun cuando su representante legal deberá ser informado, y en caso de que ésta revelación pueda generar riesgo para la mujer, se informará el procedimiento a otro adulto a elección de la adolescente.
